27/09/2002 Discurso de Ibarretxe en el Pleno del Parlamento de Gasteiz.
Texto integro con su propuesta para acomodar mejor a la porción vascongada de Euskal Herria dentro del Estado español.

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"Una iniciativa para la convivencia"

Estoy convencido de que el respeto a todos los derechos humanos de todas las personas, -y subrayo de todas las personas-, tanto en su esfera individual como colectiva, es la clave de la Paz.

Por eso decimos sí a la vida, sí a la libertad y sí a la pluralidad, y rechazamos rotundamente el asesinato, la extorsión, la tortura y la exclusión por razones políticas o sociales.

Este es nuestro camino. Sé que resulta a veces complicado defender los derechos de todas las personas, sin distinción, ante un ejercicio de violencia, una tortura o un asesinato. Pero tenemos que tener claro que toda violencia es injusta, que no hay torturas justificadas o injustificadas y que no hay asesinatos buenos o malos.

El Pueblo Vasco tiene esto muy claro, y lo tiene claro porque ha sufrido demasiada violencia a lo largo de su historia, especialmente de nuestra historia más reciente. La guerra civil, el exilio, la persecución, la dictadura franquista y, sobre todo, ETA, están demasiado presentes en la vida de nuestro Pueblo. No es tiempo de más sufrimiento, es tiempo de Paz. Este es el deseo de la sociedad vasca y es, por tanto, nuestro objetivo prioritario.

Por eso, no estamos dispuestos a aceptar acusaciones demagógicas de quien dice defender los derechos de los Pueblos negando los derechos individuales. De quien defiende los derechos individuales de las personas pero niega sus derechos colectivos. De quien denuncia la tortura y la dispersión pero no condena los asesinatos de ETA. De quien no ha sido capaz aún de condenar los crímenes de la dictadura franquista cuando todavía se están sacando cadáveres de las cunetas. De quien jalea el indulto de personas encarceladas por los terribles asesinatos de los GAL. De quien se aprovecha de la violencia para sus intereses políticos, personales o profesionales. Ni tampoco estamos dispuestos a aceptar lecciones éticas de quien exige a los demás solidaridad ante su exclusión política, pero se niega a mostrar su solidaridad con las personas amenazadas, torturadas o asesinadas por ETA, que son quienes sufren las mayor de las exclusiones posibles.

Podremos equivocarnos y tendremos que mejorar. Estamos dispuestos a hacerlo. Pero, como he dicho, no vamos a aceptar lecciones. Vamos a ser firmes en nuestro propio camino. Vamos a ser inflexibles en la defensa de todos los derechos humanos. Así lo puse de manifiesto en el Kursaal, así lo hemos recogido como compromiso ético en nuestro programa de Gobierno y así lo ratifiqué en el primer Pleno del Parlamento Vasco celebrado el pasado 28 de septiembre de 2001 sobre la pacificación.

2. Un camino propio, sin complejos

En el desarrollo de este compromiso ético hemos impulsado a lo largo de este año numerosas iniciativas. Nos hubiera gustado contar con el consenso de todos los partidos en este compromiso ético, pero a veces no ha sido posible. En este caso, lo hemos hecho con quien nos ha querido acompañar, sin complejos y sin renunciar a nuestros principios y trayectoria histórica en contra de la violencia y en defensa de los derechos humanos de todas las personas.

Desde el Gobierno impulsamos y firmamos, junto con EUDEL y las Diputaciones Forales de Bizkaia y Gipuzkoa, un Manifiesto Institucional en favor del derecho a la vida que fue ratificado solemnemente en Gernika, en un acto público con más de 200 concejales y alcaldes de Euskadi.

Hemos creado y potenciado la Dirección de Víctimas del Terrorismo y hemos desarrollado el área de Derechos Humanos en el Gobierno.

Asimismo, procedimos a encargar a Federico Mayor Zaragoza el diseño de un Observatorio de Derechos Humanos y libertades, encargo que ha cumplido y al que luego me referiré.

Pero, más allá de estas actuaciones propias, quiero centrarme en aquellas iniciativas que han permitido un mayor grado de acercamiento entre los partidos en la defensa de los derechos humanos y de rechazo a la violencia.

Como ustedes saben, el pasado 21 de febrero convoqué una Mesa para la Defensa de la Pluralidad con representantes políticos e institucionales. Este primer encuentro supuso el verdadero motor de la posterior declaración de EUDEL y de los Acuerdos de Arkaute en el seno de la Mesa de Seguridad.

Quiero dejar constancia de estas dos iniciativas que, a mi entender, representan un claro exponente de nuestra apuesta por la defensa de los derechos humanos.

1. El Manifiesto de Eudel en defensa de la Pluralidad

El pasado 3 de mayo, la Comisión Ejecutiva de Eudel aprobó una declaración cívica "en defensa de la democracia y la libertad, y de respeto a la pluralidad de la sociedad vasca", que en tres meses ha sido ratificada ya en 175 ayuntamientos de toda la Comunidad Vasca.

Este manifiesto supuso alcanzar un punto de encuentro que no habíamos tenido hasta entonces. A nadie de esta Cámara se le oculta que la Ley de Partidos, aprobada posteriormente, ha chocado frontalmente con el respeto a la pluralidad que todos defendimos, como ya puse de manifiesto en la última reunión de la Mesa Político-Institucional que tuvimos ocasión de celebrar el pasado 31 de mayo.

Tenemos que ser capaces de superar las divergencias suscitadas y hacer efectivo en el ámbito municipal lo que a veces resulta tan complicado en otras instancias políticas o niveles institucionales superiores.

Por eso, como Lehendakari sigo apostando por este instrumento e invito a todos los ciudadanos y ciudadanas vascas a que trabajen en su propio municipio a favor de la pluralidad y en contra de la exclusión, a favor de la vida y en contra del asesinato. Sinceramente, considero que la constitución de foros de debate y de convivencia municipal es responsabilidad de todos y pueden ser una excelente plataforma cívica para un proceso de reconciliación social.

Dando respuesta a los compromisos que asumimos en la reunión de la mesa política e institucional celebrada el 21 de febrero, se puso en marcha la Comisión de Arkaute para plantear medidas en materia de seguridad de los alcaldes y concejales, con la ausencia ostensible del Ministerio de Interior, a pesar de haber sido convocado. Asimismo, lamentablemente, el Partido Popular abandonó la citada Comisión de forma inexplicable.

A pesar de ello, la Comisión desarrolló sus trabajos de manera muy positiva, y en la reunión celebrada el pasado 21 de mayo, se alcanzaron acuerdos de gran transcendencia que fueron aprobados en esta Cámara mediante proposición no de Ley, el pasado 28 de junio. A su vez, el Consejo de Gobierno, en virtud del mandato de la Cámara, el pasado 2 de julio encomendó al Departamento de Interior el desarrollo de las medidas aprobadas.

Asimismo, el 4 de julio alcanzamos en el seno de la Comisión de Arkaute importantes acuerdos en apoyo de las víctimas del terrorismo, y acordamos, también, la puesta en marcha de un novedoso programa en favor de las víctimas de la violencia de persecución. Acuerdos de los que volvió a autoexcluirse el Partido Popular.

Curiosamente, no ha sido el contenido de dichos acuerdos, sino, según ha reconocido públicamente el propio Partido Popular, la Ley de Partidos, la excusa o el argumento para negarse a apoyarlos. ¿Puede haber una prueba más palpable de que la Ley de Partidos divide?.

El Gobierno, en todo caso, en el ejercicio de nuestra responsabilidad y en desarrollo de nuestras competencias, este pasado martes hemos aprobado el nuevo Decreto que regula las ayudas a las Víctimas del Terrorismo incorporando sustanciales mejoras y, lo que es más importante, haciéndolo mediante el diálogo con los colectivos afectados y con los partidos.

Estamos, por lo tanto, ante iniciativas de extraordinaria importancia y de particular sensibilidad para los colectivos afectados, que requieren del concurso y del compromiso de todas las Instituciones.

A mi entender, la seguridad de alcaldes y concejales y la defensa de las víctimas de la violencia de persecución, debería estar fuera de los cálculos electorales y partidistas.

Por ello, quiero hacer un llamamiento al Partido Popular y al Gobierno español para que rectifiquen y contribuyan a hacer efectivos, en el ámbito de su responsabilidad, los acuerdos alcanzados y las medidas planteadas.

Pero, dicho esto, también quiero dejar muy claro que este Gobierno no descansará mientras en nuestra sociedad haya una sola persona amenazada.

3. El Observatorio de Derechos y Libertades.

Como ustedes saben, el pasado mes de Febrero le trasladé al Sr. D. Federico Mayor Zaragoza el encargo de diseñar un Observatorio de Derechos Humanos y de Libertades en el País Vasco. Este encargo ha sido cumplido y a primeros de septiembre me ha sido entregado formalmente dicho proyecto por parte del Sr. Mayor Zaragoza.

Ha sido un trabajo intenso y un gran esfuerzo por su parte, y me consta que ha recabado el apoyo y la opinión, tanto de representantes políticos como de personas y organizaciones expertas en la materia. Por ello, quiero agradecer públicamente su trabajo y adelantarles que, a mi entender, su resultado responde fielmente al objetivo y al encargo propuesto. El Observatorio será un instrumento muy valioso para velar por la defensa de los Derechos Humanos y de las Libertades de todas las personas en Euskadi.

Como se establece en el informe definitivo presentado, el Observatorio contempla en su estructura la participación de reconocidas personalidades de prestigio internacional, y tendrá como referencias fundamentales, los pactos internacionales que constituyen el trípode sobre el que se sustenta la defensa de los derechos humanos en el ámbito mundial:

• La Carta Internacional de Derechos Humanos
• El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
• El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Todos ellos ratificados por el Gobierno español.

En relación con los siguientes pasos a dar para la puesta en marcha del Observatorio, les puedo indicar que la propuesta de Federico Mayor Zaragoza ha sido remitida el pasado martes día 24 al Gobierno para su información y estamos procediendo a recabar los informes jurídicos y administrativos pertinentes para su próxima aprobación en Consejo de Gobierno. Nuestra intención es presentar la propuesta para su tramitación en esta Cámara como proyecto de Ley, con el objetivo de que el Observatorio sea plenamente operativo a lo largo del próximo año 2003.